El vocero de la CETEG en Acapulco, Román Meinardo López Pachuca, aseguró que con la ACE se busca privatizar la educación, primero reduciendo la planta de maestros, que al ser evaluados con estándares internacionales perderían de manera automática sus plazas luego de algunas evaluaciones. Dado este paso, se implementaría el mismo modelo educativo que está en crisis en Chile, donde el 80 por ciento de la educación está en manos de la iniciativa privada y el 20 por ciento restante corresponde a los municipios.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el profesor pidió dar respuesta al funcionario federal, quien dijo que la ACE y la Evaluación Universal no violentan los derechos laborales de los trabajadores y ayuda a ser más competitivos a los egresados, por lo que los llamó a “no tenerle miedo a la evaluación”.
López Pachuca dio a conocer que ante la imposición de este método de evaluación, el magisterio guerrerense interpuso 8 mil demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en una primera etapa y que están juntando más casos para hacer una segunda entrega.
De entrada, explicó que la ACE es una “falsa estrategia educativa” que fue impuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la poderosa Elba Esther Gordillo para “hacer negocio con el presupuesto educativo, pues se van a llevar una gran tajada en la implementación del proyecto”.
Por eso, aseguró que el magisterio en Guerrero (incluídos maestros del SNTE) no tiene miedo a que se les evalúe, pues las evaluaciones periódicas permiten que se mejore la calidad en la educación “no van por ahí las exigencias de nuestras protestas”.
El problema, dijo, es que al ser evaluados por estándares impuestos por la OCDE, se corre el riesgo de que fallen y con esto en automático el profesor pierde su plaza “y eso ellos lo saben, el 19 de octubre de 2009 el secretario de Educación, Alonso Lujambio, dijo que los maestros de primaria y secundaria serían sancionados con el despido si no se cumplen sus estándares, fue un anuncio oficial y ahora (Quevedo Insunza) viene a decir que no se violentan los derechos laborales”.
En el mismo sentido, agregó, está redactado el documento de la OCDE en materia educativa que impuso al gobierno federal.
Expuso que es más preocupante que la OCDE le dicte a México, como lo ha hecho en otros países, que se privatice la educación, que la mercantilice, lo que la hace inaccesible para miles de niños y jóvenes mexicanos.
“Quieren imponer el modelo chileno, que está en crisis porque los municipios no cuentan con los recursos para poder ofertar educación a todos los habitantes, ni siquiera se puede descentralizar de la federación a los estados, porque los estados de la República no son capaces de ofrecerle educación a toda la población”, agregó.
Y siguió: “Tenemos todos los fundamentos para anticiparnos a los actos punitivos que nos quieren aplicar, nos estamos anticipando para no entrar a un juego en el que no nos quieren decir las reglas, pero sabemos que va encaminado a recortar personal y privatizar la educación"
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